Las declaraciones del presidente Javier Milei acerca de la prescindencia del Estado frente al problema del sobreendeudamiento expresan una visión sesgada e ideológica de un fenómeno que es, antes que nada, institucional.
Es cierto que una de las posibles causas de la actual situación es el resultado de la política económica del Gobierno. Esto es que el ajuste, la apertura económica indiscriminada y el tipo de cambio retrasado trajeron, como en otras experiencias económicas, fenómenos tales como la caída o precarización del empleo y la pérdida de poder adquisitivo de los ingresos, particularmente notoria en el sector público.
Todo ello tiene consecuencias sobre la capacidad de las familias para afrontar sus compromisos y consiguientemente, la toma de préstamos aparece como una estrategia así sea de corto plazo. Pero quedarse solamente con esa explicación sería insuficiente. Hay un problema anterior y más profundo: la forma en que está organizado y regulado el sistema financiero argentino.