La trama de intereses que explica la masiva movilización de fuerzas militares de EE.UU. en el Caribe Sur es tan intrincada y los actores involucrados son tan grotescamente corruptos que la más disparatada teoría conspirativa parece verosímil comparada con la realidad. Ello obliga a que todo intento de entender cómo Venezuela terminó bajo amenaza de ataque militar estadounidense se base en la prudencia y parta de constataciones incontrovertibles, no de aseveraciones opinables.
Primero, lo más obvio (y lo más omitido en la cobertura de noticias): los Estados deben regirse por el derecho internacional. Al firmar la Carta de las Naciones Unidas, los países firmantes se obligan a abstenerse “de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado”. Ningún país del mundo está, entonces, autorizado a imponer una forma de gobierno a otro. Tampoco tiene ninguna base legal para hundir embarcaciones y asesinar a sus ocupantes ni dentro ni (mucho menos) fuera de sus aguas territoriales.