Desde que se aprobó el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 de Javier Milei que habilitó aumentos ilimitados en las cuotas de las escuelas de gestión privada, muchas familias se enfrentan a la imposibilidad de asumir estos costos, poniendo en riesgo la continuidad educativa de sus hijos en la escuela a la que concurrían. En este contexto, el Gobierno nacional implementó en el año 2024 (y reimplementó para 2025) una nueva modalidad de financiamiento educativo en los niveles obligatorios, denominada “vouchers educativos”.
Esta política supone un modelo de financiamiento a la demanda y ya fue aplicado en algunos países como Chile, Suecia o Nicaragua. Con algunas diferencias locales, el sistema apunta a que las familias elijan una escuela y la paguen a través de vouchers. De este modo, se instala una suerte de mercado de servicios educativos en el que los mecanismos para conseguir vacantes privilegian a quienes tienen más recursos económicos y simbólicos. Por ejemplo, en los casos en los que se implementó, ha sucedido que cuando aumenta la demanda de vacantes (en ciertos barrios y ciertas escuelas), se emplean criterios como el mérito académico del estudiante o un “copago” (como sucede en el sistema de prepagas de salud). De este modo se retroalimenta la segregación propia de los sistemas privados de educación.