Hace pocas semanas circuló en algunos medios la propuesta del gobierno nacional de implementar un examen obligatorio para el alumnado que finaliza el nivel secundario en Argentina. Se trata de un examen de “bajas implicancias” ya que sus resultados no serían vinculantes con la certificación del nivel, aunque estarían disponibles para las familias. Si bien por el carácter federal de nuestro sistema educativo esta medida debería ser discutida y aprobada en el Consejo Federal de Educación, su mención en los medios invita a pensar algunos posibles alcances en el contexto político actual. Los exámenes de terminalidad, especialmente los de altas implicancias, se utilizan en muchos países para seleccionar y clasificar al estudiantado, a la docencia y las instituciones. Por ejemplo, según el puntaje obtenido, habilitan a las y los estudiantes para cursar ciertas carreras universitarias y no otras. Lo hacen bajo el supuesto de que el logro académico es producto del estudio, el esfuerzo y la capacidad o aptitud, pero ocultan otras variables que inciden en los mecanismos de selección. En relación con los resultados por escuela, en algunos casos se utilizan para la clasificación de instituciones, y la asignación de recursos públicos según los resultados obtenidos, y/o para otorgar incentivos económicos a la docencia (premios salariales).
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