Adriana Rofman sostiene que el código no evalúa el código existente de 2018 e ignora la necesidad de actualizar el Plan Urbano Ambiental (PUA) de 2008, a pesar del reconocimiento del propio gobierno de la ciudad de su naturaleza obsoleta. También critica la falta de participación pública en el desarrollo del código, destacando la ausencia de un compromiso significativo con las juntas comunales y la falta de una visión clara para el futuro de la ciudad. Concluye exigiendo que el gobierno de la ciudad priorice la actualización del PUA antes de proceder con el nuevo código urbanístico.