El achicamiento del Estado y el recorte de gastos impulsado desde el Gobierno Nacional, llegan al sistema educativo de la mano de medidas tales como quitar el Fondo Nacional de Incentivo Docente FONID, interrumpir la compra de libros escolares y desfinanciar el sistema universitario público (a la vez que el sistema científico) entre otras.
Estas medidas no vinieron solas, fueron acompañadas por un sesgo hacia las instituciones educativas de gestión privada en nuevas modalidades de financiamiento selectivo y focalizado. Parece que la educación cobra valor pero sólo en términos de mercado.
El Gobierno nacional de Javier Milei inauguró una modalidad de financiamiento a la educación privada en los niveles obligatorios que denominó vouchers educativos. Más allá de que no se trata del sistema de vouchers como se conoce al financiamiento a la demanda en los países que lo aplicaron, esta política excede su incumbencia en el reparto de funciones con las provincias ya que, en Argentina, la administración y el financiamiento del sistema educativo en los niveles obligatorios es responsabilidad de los gobiernos provinciales mientras que el de las universidades nacionales lo es del gobierno nacional. De este modo se presenta una situación anómala respecto de los modelos de financiamiento vigentes hasta hace solo unos meses. Este subsidio convoca a las familias de todo el país cuyo/s hijo/s asisten a una escuela privada con subvención (provincial) mayor al 75 % para que soliciten asistencia económica al Estado Nacional para recibir un dinero que deben entregar a su escuela. Para ello deben cumplir algunos requisitos y brindar datos personales de los menores y de los adultos a cargo.
Cuando la suma de uno más uno es tres
En el caso de la Ciudad de Buenos Aires se anunció recientemente una política similar denominada “Ayuda cuota escolar”. Lo que se conoce de esta política es que escuelas de niveles obligatorios de gestión privada con subvención (aporte) jurisdiccional, cuyas familias soliciten asistencia, recibirán (por tres meses) un dinero que se girará directamente a la institución (sin pasar por las familias como establece el subsidio de Nación). En este caso, si bien el financiamiento a las escuelas de gestión privada es incumbencia de la jurisdicción, se inaugura una nueva modalidad (en línea con la flamante política nacional) para brindar un aporte adicional. Así, un subgrupo de instituciones recibirá doble subvención proveniente de los recursos públicos jurisdiccionales, mientras que otro subgrupo -más acotado- recibirá tres fuentes de financiamiento si se cuenta además el subsidio educativo nacional (voucher). En contraposición, para el caso de las escuelas de gestión estatal la fuente de financiamiento continúa siendo una y no hay anuncios respecto de mayores fondos, sean provinciales o nacionales. Esta cuestión resulta preocupante debido a que las escuelas deben hacer frente a múltiples demandas resultantes de un contexto crítico para las familias y los docentes.
La educación como un bien de mercado
La política pública de financiamiento selectivo y focalizado es una política destinada al refuerzo de la subvención que reciben las instituciones de gestión privada mediante la asistencia focalizada en algunas familias. A la vez es también una política que irrumpe en la relación de cada familia con la escuela, porque interviene en ese vínculo e individualiza -bajo el nombre de cada estudiante- la ayuda estatal al sector privado. En este sentido, interesa mencionar que si bien en nuestro país el sistema de educación obligatoria se reparte entre la gestión estatal y privada, y el financiamiento estatal a este último sector viene de décadas, los subsidios locales se dirigen a las instituciones que son reguladas por el Estado dentro de las normativas vigentes y no a las familias (hasta el momento).
En relación con la educación pública estatal no se conoce aún si se implementarán medidas para la asignación de mayores recursos para estos tiempos de crisis económica.
Por todo lo expuesto la nueva política de asistencia estatal se presenta como una tendencia a la mercantilización de la educación a partir de un nuevo modo de relación que establece el Estado con los estudiantes, las familias y las escuelas en términos de mercado. Esto se contrapone con la idea de la educación como un bien público para todos y garantizado a través de la educación pública estatal.
“Palabras más, palabras menos”
En otro orden, desde un sentido simbólico -y no solamente material- interesa atender al lugar que ocupan las palabras en el terreno de la definición de las políticas educativas. Hace algunas semanas el Secretario de Educación de la Nación sostenía que «toda escuela es privada y pública al mismo tiempo«. Si bien sus dichos referían a un tema más amplio- y es sabido que la desigualdad entre escuelas no se define solamente por su carácter de gestión estatal o privada- estas palabras referidas a la educación pública resuenan con fuerza siendo que en los últimos meses las menciones del gobierno nacional respecto de la educación pública son para denigrarla, invisibilizarla o ambas.
Por lo pronto sin certezas sobre los tiempos que vienen, cabe plantear algunas reflexiones y preocupaciones:
En relación con el vínculo familias-escuela: las instituciones de gestión privada que hasta ahora otorgaban becas a algunas de las familias que solicitaban ayuda financiera ¿dejarán de hacerlo dando lugar a que el Estado (nacional y/o jurisdiccional) cubra ese dinero?, ¿Qué pasará cuando se cumpla el período acotado que contemplan estas políticas de financiamiento? Con el DNU (70/2023) habilitando los aumentos de las cuotas de las escuelas privadas, esta es una preocupación que probablemente inquiete a muchas familias.
En relación con el vínculo familias-Estado: ¿Cómo se modificará la relación de las familias de sectores medios con el Estado -en sus distintos niveles de gestión- a partir de ser subsidiadas de manera directa? Esta última pregunta invita a detenernos en las características de los subsidios del Estado nacional y provincial nominalizados, es decir, con datos individuales de cada alumno beneficiario y de sus padres. ¿Qué implicancias tiene esta individualización del financiamiento educativo en términos concretos?
La ayuda económica estatal a estudiantes contradice las ideas que pregona el gobierno nacional en cuyo discurso estigmatiza a quienes reciben una ayuda o transferencia estatal. Esto conlleva considerar otros posibles efectos de estas políticas a mediano plazo.
Por último desde una mirada del sistema educativo es posible que las nuevas modalidades de financiamiento educativo promuevan un movimiento de familias desde escuelas de gestión estatal o privada hacia otras escuelas (ahora) con mayores subsidios, generando nuevas formas de segregación (y de auto segregación por elección de las familias) que profundicen las desigualdades educativas existentes. En este aspecto, vale recordar que las desigualdades educativas como dice François Dubet se han convertido en experiencias individuales y singulares y son transversales a los diferentes sectores sociales.
Frente a estos interrogantes una alternativa al problema específico del aumento exponencial de las cuotas de las escuelas privadas es implementar una medida más directa, como por ejemplo, poner un freno a dichos aumentos en el marco de las regulaciones del Estado sobre el sector privado. Buscar una solución de estas características evitaría exponer al alumnado y a las familias, así como distorsionar el equilibrio del sistema educativo. Por lo visto hasta el momento, esta no es la tendencia.
De manera más general, la nueva modalidad de subsidios: ¿se volverá un rasgo estructural del financiamiento a la educación privada? ¿O su cancelación implicará finalmente una migración hacia las escuelas públicas? ¿Qué nuevas estrategias puede brindar el Estado para reducir las brechas de desigualdad educativa y evitar que se profundicen?
¿Es posible pensar una batería de políticas para las escuelas públicas estatales, las que siguen mereciendo el adjetivo de “públicas”, en parte porque son gratuitas, laicas, dependen del gobierno jurisdiccional (en algunos casos nacional) y sobre todo porque son pensadas “para todos” por fuera de una lógica de mercado?
En pocas palabras, la mejora del sistema educativo requiere de manera esencial e ineludible brindar mayores recursos- no solo económicos- a las escuelas de gestión estatal como también mayor regulación para las de gestión privada.
En tiempos de mercantilización de la educación y de invisibilización de lo público importa agudizar la mirada y las palabras para demandar que la educación de unos y otros tenga el mismo valor en las políticas de gobierno.
Nombrar desde lo simbólico habilita y asigna un lugar desde lo material. En este sentido si lo público se contrapone a lo individual es necesario repensar nuevas políticas y estrategias de equilibrio del sistema educativo donde la educación pública sea reconocida, fortalecida y sostenida- sin desmedro de la educación de gestión privada- pero siempre en clave de garantizar el derecho a la educación.
*Gonzalez de Molina Soler, Pedro. «Entrevista a Francois Dubet» Espacio público, 20 de marzo de 2023. https://espacio-publico.com/francois-dubet-la-meritocracia-es-un-principio-justo-cuyos-efectos-pueden-ser injustos
Yamila Goldenstein Jalif
Docente e investigadora en educación.